Nueva Ley Antiokupas

Todos sabemos la importancia de esta ley, especialmente en un momento en el que la inseguridad jurídica está llevando a muchos propietarios a preferir dejar sus viviendas vacías antes que arriesgarse a alquilarlas. El revuelo con la nueva Ley Antiokupas se debe a que introduce una norma que permite desalojar a los okupas en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con los inquilinos que no pagan.

Es fundamental diferenciar entre:

• Inquilinos morosos («inqui-okupas»): Quienes no pagan el alquiler. Para ellos, el procedimiento sigue siendo el mismo: el desahucio regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tiene en cuenta la vulnerabilidad del inquilino. Estos desahucios están paralizados hasta el 31 de diciembre del presente año.
• Okupas: Personas que ocupan una vivienda sin contrato. Esta ley está enfocada exclusivamente en ellos.

¿Qué modifica la Ley Antiokupas?
El Consejo de Ministros aprobó cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en dos artículos del Código Penal:

• Artículo 202: Endurece las penas por allanamiento de morada.
• Artículo 245: Incrementa las sanciones por usurpación violenta.

Además, introduce un procedimiento abreviado para estos delitos:

• Desalojo exprés en menos de 24 horas.
• Juicio en un plazo máximo de 15 días.
  También, se aumentan las sanciones en casos de violencia o intimidación y se permite a las comunidades de propietarios iniciar acciones legales contra okupas que afecten la convivencia.

¿Qué es usurpación y qué es allanamiento?
La ley diferencia:

• Usurpación: Entrar en una vivienda deshabitada.
• Allanamiento: Ocupar una vivienda habitada.

Por eso, se modifican los dos artículos mencionados del Código Penal, adaptando las penas a cada caso.

¿Qué sucede si los okupas son vulnerables?
Si un okupa es considerado vulnerable (por ejemplo, una mujer con hijos), los servicios sociales deben evaluar su situación. Si determinan su vulnerabilidad, el desahucio podría paralizarse según lo establecido en la Ley de Vivienda. Sin embargo, no está claro cómo la vulnerabilidad afectará al desalojo exprés o a los juicios rápidos, generando un posible conflicto entre ambas normas.

La Ley de Vivienda define la vulnerabilidad considerando factores económicos y personales, lo que genera incertidumbre sobre cómo se aplicarán esta ley y la Ley Antiokupas de manera conjunta.

Criterios para determinar la vulnerabilidad económica:
El tribunal podrá valorar si los gastos de vivienda (alquiler y suministros como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones) superan el 30 % de los ingresos de la unidad familiar, siempre que dichos ingresos no alcancen los siguientes límites:

a) Tres veces el IPREM mensual (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
b) Este límite se incrementa:

• En 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo.
• En 0,35 veces el IPREM por cada hijo si se trata de una familia monoparental o si el hijo tiene una discapacidad igual o superior al 33 %.
  c) 0,2 veces el IPREM adicionales por cada persona mayor de 65 años o en situación de dependencia a cargo.
  d) Si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad igual o superior al 33 %, dependencia o una enfermedad que impida de forma permanente realizar una actividad laboral, el límite inicial se amplía hasta cinco veces el IPREM, con los incrementos por hijos correspondientes.

Criterios para determinar la vulnerabilidad social:
El tribunal también podrá considerar situaciones como:

• La presencia de personas dependientes en la vivienda, conforme a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal.
• Víctimas de violencia de género.
• Personas menores de edad en el núcleo familiar.

Estos criterios de vulnerabilidad, aunque detallados, podrían entrar en conflicto con los procedimientos acelerados de desalojo establecidos por la Ley Antiokupas, dificultando su aplicación uniforme.

¿Qué sigue ahora?
La ley está actualmente en el Senado, donde se espera que sea aprobada sin cambios gracias a la mayoría absoluta del PP. Su entrada en vigor se prevé en un corto plazo.